El Pleno Extraordinario del 1 de junio resuelve el contrato de las obras de la piscina cubierta y centro deportivo 2010, aprobado por el anterior equipo de gobierno, por presuntas ilegalidades.
El Gobierno Municipal elevó al Pleno la resolución del contrato, firmado por el anterior alcalde y la constructora OCA, de la piscina cubierta y centro deportivo 2010, por una serie de presuntas ilegalidades que conllevarían la anulación de dicho contrato.
Con los votos a favor del PP, la sorprendente abstención del PSOE y los esperados votos negativos de AISA, quienes a pesar de haber votado en contra no hicieron ninguna alegación (tampoco el PSOE) al expediente presentado, acaba un largo proceso que ha obstaculizado la construcción de la piscina cubierta (proyecto iniciado en 2009 por el Partido Popular).
Solventado este obstáculo, la piscina cubierta ahora sí será una realidad.
Antecedentes
Una semana antes de las elecciones municipales y autonómicas, Jesús Sáinz -anterior alcalde- manda paralizar las obras (16 de mayo 2011) de las nuevas pistas de pádel y tenis que se habían empezado a construir sin autorización.
Esta paralización origina que el nuevo gobierno tenga que llevar a cabo una serie de procesos y acciones legales que han de seguirse escrupulosamente. Procesos que aún están abiertos y que impiden tomar decisiones sobre las obras presuntamente ilegales.
Tras un año de trabajos e investigación, hoy podemos decir:
El Acta de Comprobación de Replanteo (documento imprescindible que certifica que cualquier obra puede comenzar a ejecutarse) no se presenta en el plazo legal establecido.
En dicho acta no figura ninguna firma de los Técnicos Municipales o Funcionario alguno de este Ayuntamiento.
Siendo el informe del acta negativo, al tener que demolerse las pistas existentes en el lugar en el que se tiene que construir la piscina, no se lleva al Pleno Municipal la aprobación de dicha demolición. Aún así, la dirección facultativa de las obras, de acuerdo con la constructora, aprueban ejecutar las nuevas pistas de pádel y tenis, que comienzan el lunes 21 de marzo de 2011, antes incluso de realizar el primer paso legal de cualquier proyecto: su aprobación antes de iniciarlo.
Siguiendo escrupulosamente los procesos y condicionantes legales, el actual Gobierno Municipal inicia un expediente sancionador el 11 de octubre de 2011 contra los dos técnicos externos (contratados por Jesús Sáinz) y la constructora OCA, que finaliza en abril con la condena a cada una de estas partes a indemnizar con 38.000 € al Ayuntamiento de San Agustín por presunta infracción urbanística.
Paralelamente, en noviembre de 2011 comienza, como marca la ley, el expediente de demolición de las obras presuntamente ilegales.
Es importante subrayar que todos estos procesos no tienen repercusión económica para las arcas municipales, ya que el equipo de gobierno actual no ha pagado factura alguna al respecto.
