Conforme a lo dispuesto en la Legislación Urbanística y Administrativa, el Ayuntamiento puso en conocimiento de la autoridad judicial los graves hechos detectados en las presuntas obras ilegales de las pistas de pádel y tenis, interponiendo una querella criminal contra los presuntos responsables de dichos hechos.
El Juzgado de Instrucción número 2 de Alcobendas, examinada los hechos que se relatan en la querella y sus posibles implicaciones legales, entendió que dicha querella reunía los requisitos previstos en el artículo 277 de la Ley de Enjuiciamiento criminal y consideró que los hechos denunciados podrían ser constitutivos de un delito de falsedad en documento público y de otro de usurpación de funciones, por lo que decretó la admisión a trámite de la querella y la apertura de diligencias previas.
El origen
Con ocasión de la orden dada por el anterior Alcalde del Municipio, Don Jesús Sainz, de paralizar las obras de construcción de las nuevas pistas de pádel y tenis, por no haber sido éstas encargadas por el Ayuntamiento ni existir título legítimo alguno para su ejecución, se procedió a iniciar el procedimiento administrativo por infracción urbanística contra la empresa constructora que las estaba ejecutando y la Dirección Facultativa y Técnica de dichas obras.
De dicho expediente administrativo derivó la posible existencia de, al menos, dos delitos cometidos tanto por la constructora que, bajo su cuenta y riesgo, había procedido a ejecutar dichas obras, como por la Arquitecto y el Aparejador que, sin tener encargo contractual alguno del Ayuntamiento, habían procedido a ordenar la ejecución de las mismas.
Los hechos que se imputan a las personas que se relatan en la admisión de la querella, tienen su origen en la presunta modificación de documentos esenciales de la contratación con el único objetivo de proceder a adjudicarse unas obras que no habían sido ni encargadas a los querellados ni aprobadas por los órganos de contratación del Ayuntamiento. Igualmente, dichos documentos, para alcanzar el presunto fin delictivo, fueron realizados suplantando, presuntamente, a los funcionarios de los Servicios Técnicos y Jurídicos del Ayuntamiento que debían emitir tales documentos y que, previamente, se habían pronunciado en contra de tales obras en sendos informes, por entender que el cauce legal para la aprobación de esos proyectos no se había ni tan siquiera iniciado.
Este Ayuntamiento vuelve a reiterar, como ya lo ha hecho en distintos Plenos Municipales, que si se ha llegado a esta situación y se han iniciado estas acciones judiciales/penales son sólo como consecuencia de las irregularidades personales cometidas por el anterior gobierno de Jesús Sáinz y Begoña de Mingo; ya que lo que sólo pretende este actual gobierno municipal es mantener todas las actuaciones del consistorio dentro de la legalidad.
